LA APROPIACIÓN INDEBIDA ES UNO DE LOS PRINCIPALES DELITOS QUE SUFREN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.

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Según el medio digital Confilegal, más de la mitad de las empresas españolas ha sido víctima de algún delito económico en los últimos dos años. Así se desprende de la encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2018 que cada dos años elabora PriceWaterhouseCoopers, (PwC), a partir de la opinión de más de 7.000 compañías en todo el mundo.

Concretamente, el 54% de las empresas españolas asegura haber sufrido algún tipo de fraude económico en los últimos dos años, un punto menos que en el 2016 donde se llegó al 55% el momento más alto en los últimos diez años.

Nuestro país  se sitúa por encima de la media mundial (49%), en línea con los principales países de nuestro entorno, como Reino Unido (50%), Alemania (50%) y Estados Unidos (53%). Desde 2009, el porcentaje de empresas españolas afectadas por fraudes y delitos económicos ha crecido casi veinte puntos –del 35% al 54%-.

Desde PWc se indica que en ese incremento de empresas afectadas por el fraude confluyen varios factores en el tiempo. En primer lugar, el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que ayuda, por un lado a una mejor gestión y también a que los defraudadores tengan herramientas mas potentes. A la vez, las dos últimas reformas del Código Penal han desarrollado políticas de cumplimiento en las empresas, lo que ha generado una mayor preocupación por las compañías en materias de fraude económico.

Estar afectado por un fraude por parte de una empresa, genera unos  daños múltiples para las empresas víctimas de delitos económicos como son: los costes económicos directos, los costes indirectos (abogados, investigaciones internas, externas, etcétera) y los daños que afectan a otros aspectos de las compañías como la reputación o la percepción de los empleados que a la larga pueden afectar al negocio o a la credibilidad de la empresa dentro de su campo de actividad.

En cuanto a la tipología de fraudes, dicho informe destaca que la apropiación indebida de activos es el principal tipo de delito del que son víctimas las empresas españolas seguido de la corrupción y el soborno, la manipulación contable, y el ciberfraude.  

Los principales mecanismos que utilizan las empresas españolas para detener el fraude y delito económico son las auditorías internas (según el 17% de las empresas en España), el análisis de datos (17%) y los canales de denuncias (14%). A nivel global, también aseguran que el mecanismo de control más habitual en la detención del fraude son las auditorías internas.

A este respecto en los últimos dos años, el 69% de las compañías españolas ha aumentado el presupuesto destinado a luchar contra el delito económico y un 58% tiene previsto seguir haciéndolo durante los próximos dos años.

Asimismo, el 75% de las organizaciones afirma disponer de un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, frente al 52% que en la Encuesta de 2016 declararon tener implantado el programa correspondiente.